Según la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y conforme a lo previsto en las leyes procesales y reguladoras de los procedimientos administrativos sobre la carga de la prueba ¿a quién corresponde la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad?